Un eventual “cambio de prioridad” con una nueva administración es un “riesgo” para un préstamo del BID destinado a mejorar la gestión en ASSE; el Banco Mundial elabora diagnóstico del país y el FMI envía una misión después del balotaje

Organismos se aprontan para una transición política sin traumas

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Nº2045 - al de Noviembre de 2019
escribe Ismael Grau
Los gobiernos del Frente Amplio lograron congeniar con los organismos

Azucena Arbeleche, la ministra de un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, es una cara familiar para el staff de los organismos financieros multilaterales; como jefa de la oficina de deuda del Ministerio de Economía (MEF) entre 2010 y 2014 mantenían diálogos frecuentes. Del mismo modo, Mario Bergara, designado ayer miércoles 6 para el cargo si Daniel Martínez es el próximo presidente, acumuló miles de millas de vuelo al asistir a reuniones con esas instituciones en Washington D.C. cuando integró el equipo económico en las tres administraciones del Frente Amplio. Ese conocimiento mutuo puede facilitar una transición en la que el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya trabajan.

Desde estas instituciones multilaterales se visualiza a Uruguay como un país con estabilidad política. Y lo que varios de sus funcionarios consultados por Búsqueda repitieron es que no esperan cambios radicales de políticas ya sea que al frente del próximo Poder Ejecutivo esté Martínez o Lacalle Pou. De todas maneras, aguardan conocer más en detalle las propuestas y los cuadros de gobierno para el período 2020-2025. Algunos documentos incorporan el escenario electoral.

En agosto, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó un préstamo de US$ 25 millones que busca fortalecer el llamado “gobierno electrónico”, es decir el papeleo con el Estado canalizado vía web. Como es usual, los informes preparatorios incluyen análisis de potenciales dificultades para la implementación del proyecto: “Se han detectado, en forma preliminar, los siguientes riesgos medios: (i) eventual cambio de prioridad del programa luego del cambio de gobierno; (ii) falta de cooperación de parte de autoridades de organismos estatales para avanzar tanto en simplificación como en digitalización de trámites; y (iii) falta de apoyo de funcionarios estatales”. Y “a efectos de mitigarlos”, entre otras cosas se prevé “difundir la relevancia del gobierno digital entre representantes de distintas orientaciones”. Paralelamente, el BID visualiza un riesgo “bajo” vinculado con un “eventual recorte de gastos de inversión para contribuir al equilibrio fiscal”.

Otra línea de crédito que está en preparación, para fortalecer la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), plantea prevenciones del mismo estilo. En un apartado, el documento alude al “riesgo de gestión pública y gobernabilidad” y, en concreto, al hecho de que “los objetivos y lógica del proyecto podrían perder pertinencia, debido al cambio de administración de gobierno, a ocurrir en marzo de 2020. La clasificación de este riesgo es baja debido a que: (i) la necesidad de mejorar la gestión de ASSE es compartida por todo el arco político; (ii) la actual administración de gobierno ha solicitado este proyecto como una forma de dejar una ruta crítica para la mejora de la gestión de ASSE a la próxima; y (iii) se prevé realizar el Taller de Arranque de la operación con posterioridad al cambio de gobierno, creando un espacio para el ajuste de actividades e indicadores de resultados”. Este proyecto involucra un desembolso del BID de US$ 8 millones. Procura atacar, por ejemplo, los “desafíos significativos” en cómo la repartición maneja insumos y costos. “Su información para la gestión de recursos humanos se encuentra fragmentada en múltiples sistemas, algunos de los cuales presentan una arquitectura informática obsoleta. Asimismo, la información de gestión de farmacia se encuentra dispersa en múltiples sistemas, sin que ninguno de ellos constituya un mecanismo informáticamente confiable”, diagnostica el organismo. Y, agrega, la “cultura de producción de información de ASSE está orientada más al reporte que hacia una gestión basada en resultados”.

Azucena Arbeleche
Azucena Arbeleche. Foto: Javier Calvelo/ adhocFotos

Hacia la “encerrona”

Con el BID —y lo mismo el Banco Mundial (BM)— los gobiernos entrantes negocian una estrategia para los cinco años del período, y bajo ese paraguas se van aprobando programas de préstamos o de asistencia técnica específicos en distintas áreas. El puntapié se da en un cónclave con las autoridades electas, usualmente en enero o febrero, para el cual llegan a Montevideo funcionarios y especialistas de los organismos de varios sectores; son unos días intensos de conversaciones que se conocen como “la encerrona”. Antes de asumir el actual gobierno de Tabaré Vázquez, a ese ámbito de trabajo a puertas cerradas se sumó también la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Con el BM hay actualmente cinco proyectos activos por un monto total aprobado de US$ 321 millones en las áreas de educación, saneamiento, agricultura, gobierno electrónico y vialidad. En setiembre, Rafael Rofman, especialista del organismo en enseñanza y protección social, dijo a Búsqueda que “crecer es una condición necesaria pero no suficiente: hay que hacer mucho para mejorar las condiciones para que la gente acceda a trabajos de calidad, lo que lleva primero que nada al tema de la educación. En esto Uruguay tiene un desafío enorme: la principal explicación de la pobreza hoy son los jóvenes que no están saliendo del sistema educativo con capacidades laborales adecuadas. Hay mucho, mucho que hacer por este lado”. Según él, “todo el mundo está muy consciente de estos problemas. La dificultad no es por falta de voluntad política sino el enorme desafío fáctico de hacerlo” (Nº 2.037).

De cara al recambio político del 1º de marzo de 2020, el BM prepara un “diagnóstico sistemático del país” que incluirá un análisis sobre vulnerabilidad social, la “gobernanza institucional”, la innovación, el acceso a mercados de capitales, así como la paridad de género y el cambio climático. Fuentes del banco dijeron a Búsqueda tener pronto ese documento de base para discutir con las nuevas autoridades la “estrategia de alianza con el país” en el primer trimestre del próximo año, donde se detallarán las principales áreas de trabajo para el quinquenio, el tipo de proyectos, los montos estimados de financiamiento y otras herramientas de asistencia.

“Ojalá podamos continuar con esta colaboración que a lo largo del tiempo siempre ha sido muy cordial y productiva”, destacó a Búsqueda el principal representante del BM para América Latina, Axel van Trotsenburg, cuando visitó Montevideo en junio para inaugurar la nueva oficina en el país (Nº 2.023). En el agasajo volvió a conversar en tono amistoso con jerarcas del gobierno del Frente Amplio, ratificando una buena relación personal e institucional.

Mario Bergara
Mario Bergara. Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos

Misión del FMI

Uruguay es miembro fundador del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero desde 2006 no lo une un acuerdo como aquellos que en la segunda mitad del siglo pasado desembolsaban dinero para ayudar a estabilizar la economía siempre que se concretaran ciertas metas y reformas. En su primera presidencia, Tabaré Vázquez optó por dar por concluido el convenio “stand by” que estaba vigente y pagó por adelantado toda la deuda con el organismo para ganar en “soberanía” (Búsqueda Nº 1.380).

Sin embargo, según lo previsto en su convenio constitutivo, el FMI envía cada año una misión de técnicos a entrevistarse con autoridades, dirigentes políticos, analistas del sector privado y otros actores para monitorear in situ la marcha del país. La delegación aterrizará en Montevideo a principios de diciembre, pocos días después de la segunda vuelta del domingo 24, para darle la mano al equipo económico saliente y también al entrante, ya sea que esté liderado por Arbeleche o Bergara.

Una vocera del FMI consultada por Búsqueda reafirmó la expectativa de una transición sin turbulencias: “Dada la estabilidad institucional y la larga tradición de políticas de consenso, se espera que el impacto de las próximas elecciones en el crecimiento económico sea limitado. Existe un amplio consenso en todo el espectro político sobre los desafíos que enfrenta Uruguay”.

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